El boletín numero 13 de AFÁN tuvimos la oportunidad de poner de manifiesto cual fue el protocolo que se siguió para la elaboración de un censo de las fosas y enterramientos en cementerios parroquiales,  Iglesias y panteones y cementerios especiales, incluyendo en este último apartado a los enterramientos de caídos de ambos bandos en los campos

de batalla. Se puso especial cuidado de no discriminar para un futuro traslado al Valle de los Caídos, a ningún resto cuya identificación no pudiera acreditarse, (recordemos que en el Valle yacen 12510 caídos no identificados)

Fueron los diferentes Gobiernos Civiles, los encargados, en cumplimiento de los dispuesto por el Consejo de Obras del Monumento Nacional a los Caídos, cuyo presidente recordemos era el Ministro de la Gobernación, de elaborar lo que hoy llamaríamos “mapa de fosas” en cada una de las provincias de su responsabilidad.

Nos encontramos en abril de 1958, cuando las obras del Valle están próximas a finalizar, y cuando al mismo tiempo todas las alcaldías de España en respuesta a sus Gobiernos Civiles, están remitiendo a éstos las listas de los enterramientos que todo tipo se encuentran en sus términos municipales. Una vez tomada conciencia del número de fosas y enterramientos susceptibles de ser exhumados, y siguiendo el protocolo perfectamente establecido, se publicaron en todos los periódicos, tanto nacionales como de difusión local, así como en una “jovencísima” Televisión Española, el anuncio ofreciendo a los familiares de los caídos, de uno y otro bando, la posibilidad de trasladar los restos de sus deudos al monumento del Valle de Cuelgamuros. Estos anuncios invitaban a las familias a que “manifestasen en el plazo de quince días, y mediante escrito remitido a este Gobierno Civil, si desean o consienten que los restos de sus familiares sean trasladados al Valle de los Caídos”. Esto generó un verdadero aluvión de peticiones familias desde todos los puntos de la geografía española, solicitando el traslado de los restos de sus hijos, padres, maridos, hermanos,etc.

También sucedió lo contrario, y esto era previsible. Aprovechando que  las fosas iban a ser vaciadas, muchas familias creyeron que era el momento idóneo para recuperar los restos de sus deudos y llevárselos consigo donde estimaran más oportuno, más cerca del ámbito geográfico de las familias. Para ello utilizaron los mismos medios que los Gobiernos Civiles habían dispuesto para el traslado de caídos al Valle. De este  modo hubo un gran numero de familias que pusieron de manifiesto su deseo de hacerse cargo de los restos de sus seres queridos. Se respetó escrupulosamente el deseo de estas familias y se colaboró en lo  necesario para satisfacerlas. Tan sólo se les avisó, cuestión que por otra parte no exenta de lógica, que los traslados desde los cementerios originales a los de destino debían ser costeados por las familias.

Afortunadamente, volvemos a nuestros días, gran parte de la documentación generada en su día en este proceso ha llegado  a  nuestros días y se puede consultar en los Archivos Históricos de cada provincia, responsabilidad de cada Comunidad Autonómica, las cuales más o menos diligentemente han sabido conservar y ordenar el basto volumen documental que todo el proceso generó, para ponerlo a disposición de investigadores, estudiosos o simplemente curiosos.

La Asociación Para la Defensa del Valle de los Caídos, que quien redacta estas líneas tiene el honor y responsabilidad de presidir, se encarga desde hace varios años de consultar, examinar y salvaguardar la documentación residente en estos archivos de toda España, en muchos casos digitalizándola donde nos es permitido, y en su defecto fotocopiándola en previsión, Dios no lo quiera, que esa documentación  se “pierda”. Esta documentación resulta clave para el entendimiento de como se desarrolló todo el proceso de traslados de restos al Valle y que por supuesto desmonta uno de los mitos más recurrentes de la  izquierda, el que habla de “caídos robados a las familias”

Como muestra, traemos aquí unos breves ejemplos de lo contundente que resulta en defensa de nuestras tesis, la documentación generada en su día por los Gobiernos Civiles.

No es memoria histórica, es respeto a la historia.