No hay consecuencias para aquellos que no cumplen sus promesas electorales; no las hay para los que con sus políticas han conducido a España al abismo social y económico.
Sobre el vocablo democracia dice el diccionario de la RAE en su primera y tercera acepción: «Sistema político en el cual la soberanía reside en el pueblo, que la ejerce directamente o por medio de representantes»; y «Forma de sociedad que reconoce y respeta como valores esenciales la libertad y la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley». Hoy ya es una constatación que la democracia sustentada en el partido político es un sistema de gobierno absolutamente fallido. No es el partido político un ente natural, como lo son la familia, el pueblo, la nación…; es el partido un ente artificial, una herramienta creada para que ciertas élites alcancen el poder, en mayor o menor medida, y en función de en qué instituciones. En España, como en medio mundo, al menos, la partitocracia ha devorado a la democracia. El partido político es una organización que, en base a un supuesto programa, a través del cual se pretende trabajar en la consecución del bienestar de la ciudadanía, una vez entre en las instituciones: parlamento, ayuntamientos, diputaciones-cabildos, etc. Inmediatamente toca poder el partido, es dotado de importantes recursos económicos, supuestamente para el desempeño de tan honrosa labor, especialmente aquellos partidos que alcancen representación parlamentaria. Es entonces, desde el minuto uno de su puesta en escena, cuando los responsables principales de este ente se convierten en «conseguidores» de cargos y prebendas para los miembros de su clan. Se multiplican los ministerios, consejerías, las direcciones y subdirecciones generales; los asesores; la multitud de entidades (ONGs afines, también), vasos comunicantes, que dan trabajo y privilegios a esa ingente muchedumbre que rendirá pleitesía —hasta la complicidad en el delito, como hemos podido observar—, al jefe que le ha dado el cargo; y de ahí en ascensión hasta la punta de la pirámide. A más poder del partido en las instituciones políticas nacionales (y supranacionales), autonómicas, provinciales y municipales, más cargos que atender y más cargos que inventar, con los que seguir incrementando las huestes de afiliados y/o amigos y parientes que formarán esa multitud de agradecidos lacayos del partido. Así, en la España que nos atañe, el Estado en su conjunto se ha convertido en un gigante que engulle desproporcionadamente más del 50% de la riqueza que genera con su trabajo la ciudadanía. Estado a quien sirve en sus propósitos recaudadores la Agencia Tributaria, que opera fuera de la ley, a su libre albedrío, con atribuciones tales —antes de la sentencia de un tribunal de justicia—como el embargo de cuentas corrientes y bienes del desamparado contribuyente.
En este caldo de cultivo, surge, se expande y multiplica la corrupción, el tráfico de influencias, el soborno a los medios de comunicación afines, el control de las televisiones y radios públicas…; desde en la más humilde concejalía hasta en el mismo Gobierno de la Nación. Sufrimos una partitocracia que han ido moldeando los sucesivos gobiernos y oposiciones, según se cierren acuerdos que siempre serán del bien común, tales como el aforamiento —no somos los españoles iguales ante la ley—, los emolumentos y añadidos, y multitud de privilegios que aúna esa casta.
No hay consecuencias para aquellos que no cumplen sus promesas electorales; no las hay para los que con sus políticas han conducido a España al abismo social y económico.
Así las cosas, en la execrable partitocracia, surgen organizaciones como el Partido Socialista Obrero Español, desde sus orígenes, a modo de mafia siciliana, con históricos delincuentes como Francisco Largo Caballero, Indalecio Prieto o Juan Negrín. Hasta nuestros tiempos, en los que un psicópata narcisista, como es Pedro Sánchez Pérez-Castejón, alcanza el Gobierno de España y vuela por los aires la mínima ética esperada y los pilares del Estado de Derecho, con el único fin de mantenerse en el poder. Pedro Sánchez es un hijo de la partitocracia, la que ha consentido un pueblo anestesiado en gran parte, idiotizado y sumiso ante un poder que lo subyuga. Unos gobiernos que consintieron la desindustrialización de España en favor de intereses extranjeros; que alimentaron —por dejación o intereses partidistas— los separatismos locales que nos conducen a la ruptura de la Nación; gobiernos, como el de Sánchez —que nos llegó en el peor momento— y dirigentes políticos en su inmensa mayoría, que venden la libertad, la seguridad y el bienestar del pueblo español a emporios económicos extranjeros —cuyos accionistas son históricos enemigos de España—aceptando, tan genuflexos como «estimulados», las inicuas consignas de la Agenda 2030.
Hacen, quienes manejan la partitocracia, lo que quieren con la ciudadanía, que se cree soberana porque mete una papeleta en una urna cada cierto tiempo. Una ciudadanía, abducida por tan eficaz adoctrinamiento, que niega o admite y perdona la corrupción más deplorable de los propios —especialmente aquellos votantes de la izquierda—, aunque ello les esté empobreciendo y llevando al precipicio.
Nada iguala, al menos en Europa, el historial de mentiras y traiciones que engordan el currículo de Pedro Sánchez en el desempeño del gobierno de España. Es, a día de hoy, el dirigente político con más abultada cartera de acciones deplorables, con el único propósito de mantenerse en el poder. Pero ha llegado su fin. El fin de su gobierno abyecto. Porque se le fue de las manos la ambición, igualmente desmedida, de su espesa, Begoña Gómez Fernández, su cómplice de mala vida, un lugarteniente con tan pocos escrúpulos como él. «Soy la mujer de Pedro Sánchez…jajaja».
Ha sido Miguel Bernad, secretario general de Manos Limpias (a la hora de escribir este artículo, 5 de mayo de 2024), quien presentó la primera querella criminal contra Begoña Gómez, por corrupción y tráfico de influencias, y la imprescindible complicidad de su marido, admitida a trámite por el Juzgado número 41 de Madrid, en Plaza de Castilla. Luego han venido más, al menos dos también admitidas a trámite: las de Hazte Oir y la de Guisasola Abogados, cuyo socio principal, Aitor Guisasola, presenta un conocido canal de YouTube que se anuncia como Un abogado contra la demagogia. A estas alturas, la mujer del presidente Sánchez, ya está imputada (investigada, que se dice ahora). Roma con Santiago ha tratado de remover Sánchez para hacer desaparecer estas denuncias. Incluida la acción de la Fiscalía General del Estado PSOE.
Los turbios negocios de Begoña Gómez en Marruecos, su intermediación en el rescate de Air Europa, entre otros asuntillos son conocidos. Pero ya se habla en algunos medios de su supuesta implicación en el tráfico de hachís alauí (y otros polvos procedentes de Sudamérica, desde donde se apreció una autopista abierta el estrecho de Gibraltar). Ahí tenemos la suspensión de la unidad de élite de la Guardia Civil en la lucha contra el narcotráfico en el Campo de Gibraltar, OCON Sur; la falta de medios de los operativos de la zona, como las lanchas patrulleras averiadas, en puerto desde casi hace un año, entre otras circunstancias incomprensibles para cualquiera menos para el secuaz Grande-Marlaska. ¿Pudiera ser ésta, parte de la información en manos de Mohamed VI, gentileza del programa Pegasus israelí? Pudiera ser. Lo cierto es que no se explica las decisiones de Sánchez sobre el cambio de postura que venía manteniendo España en relación al Sahara y las pretensiones marroquíes, y las sucesivas posturas y gestos del presidente del Gobierno a favor del sultanato, amén del rostro descompuesto del socialista en sus visitas al monarca vecino, incluyendo el comerse, cual repugnante cobarde y traidor, el en absoluto accidental «detalle» de colocar nuestra Enseña Nacional boca abajo en aquel célebre almuerzo.
Si ya desde un principio la partitocracia se ha mostrado un sistema fallido, el desembarco de Sánchez en la política y su ascenso al poder han hecho de ella un estercolero. Porque, insisto, es el sistema de partidos políticos lo que proporciona a los corruptos y delincuentes de toda condición los medios necesarios para que cometan, en contra de los intereses de España y el bienestar y libertad de los españoles, por ansias de poder o por codicia, todo tipo de fechorías.
