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Pablo Victoria

El derecho es lo que regula la relación existente entre la anarquía y el despotismo. Equilibra esas dos formas extremas de la vida social. El Estado de Derecho no debe confundirse con el requisito de la mera legalidad de los actos de gobierno, lo cual resulta insuficiente para garantizar el ejercicio de la libertad; y en una democracia, ello significa que el Estado de Derecho no puede prevalecer a menos que la moral tradicional de la comunidad esté plasmada en sus disposiciones, leyes y mandatos. El derecho es más que simple constitucionalismo y requiere que todas las leyes sean respetuosas y se conformen a ciertos principios éticos que en nada lesionan la moderna separación existente entre el Estado y las confesiones religiosas. Por ello, el origen del derecho trasciende la organización jurídica y se adentra en la tradición, la costumbre y la propia sicología adaptativa del hombre, a menos que la ley haya de emplearse para destruir los fundamentos de la libertad conocida y construir otra por conocerse. Para preservar tales fundamentos, la ley debe poseer ciertos atributos: primero, debe ser abstracta y general, de igual aplicación a todos en cualquier circunstancia y lugar; segundo, las personas y las propiedades no pueden ser coercitivamente utilizadas por el Estado, a través de la ley, como un medio para alcanzar sus fines, por nobles que éstos parezcan; tercero, la ley debe beneficiar a cada individuo tanto como sea posible del esfuerzo que los demás hacen; cuarto, las personas deben reconocer en las leyes sus propias tradiciones sociales, en tanto tales tradiciones no sean lesivas a la dignidad humana.

Son estas cuatro condiciones las que garantizan que cada cual alcance sus fines propuestos, o se aproxime a ellos, dentro de lo que cada sociedad decida debe ser el bien común y las reglas de conducta a observar. Es evidente que si la ley se particulariza, perdiendo el atributo de la generalidad, se vuelve discriminatoria y arbitraria, en la medida en que afecte unos grupos con respecto de otros, o privilegie a algunas personas en detrimento de otras. Tal es el caso experimentado por muchas democracias modernas. Pero lo contrario también está ocurriendo, aunque el fracaso todavía no es tan evidente, que la democracia se está confundiendo con prerrogativas sociales que pueden terminar aniquilando el derecho de los individuos, que es la aniquilación más evidente del poder del derecho.

Según la democracia ha venido evolucionando hacia formas de opresión cada vez más refinadas, las manifestaciones propias de la libertad individual y familiar se han visto afectadas por cuanto con mucha frecuencia el Estado ha buscado eliminar a la familia como núcleo esencial y al individuo como ente constitutivo de ese núcleo, convirtiéndolos en instrumento para alcanzar los fines de otras personas, grupos o instituciones políticas. La mente y los valores son manipulados para eliminar la razón individual y sumarla a un ente colectivo. Esto lo vemos muy claramente en el ámbito de la educación y las reglamentaciones que el Estado quiere hacer en cuanto hace a las creencias y valores de los educandos. Como la razón humana no está por fuera de la naturaleza, ni por encima de la experiencia, se requiere de la libre experimentación y de la heterogeneidad de las metas para que sean los propios individuos y las familias las que determinen el tipo de orientación y educación que requieren sus hijos;  y esto es, precisamente, lo que se quiere evitar, aprovechando la existente separación del Estado y la religión y del hecho cierto de que la ley contemporánea sólo responde a los dictados de la ley positiva y de que cada vez más va respondiendo a un sistema jurídico supranacional.

El esquema que se ha venido implantando surge de la era marxista y socialista de la cultura que basa el conocimiento del hombre, de la historia, de la ciencia, en un raciocinio colectivo dirigido desde las altas instancias del poder y cuyos designios son ahora recibidos con total indiferencia por unas masas que han sido educadas en la cultura del indiferentismo. A estos designios se opone, aunque de manera pasiva, la intrínseca desigualdad humana y la misma diversidad de valores familiares que todavía perviven en el núcleo social. La manipulación de la civilización se hace en nuestros días ampliamente visible, pues la bifurcación y dicotomía del derecho contemporáneo hace, indistintamente, prevalecer al individuo sobre la comunidad, o a la comunidad sobre el individuo, a las mayorías sobre las minorías, o a una activísima minoría sobre una pasiva mayoría; en fin, a la libertad sobre la moral,  en una especie de anarquía y confusión que tiene todas las posibilidades de aprisionar al hombre en las formas más severas de esclavitud y servidumbre.

Una forma interesante de poner a prueba el sistema político en el que vivimos es observando si predomina el elemento de poder en el derecho, o el elemento de derecho en el poder, y si es este último, no es indiferente si predomina el derecho gubernamental, o colectivo, o el propio derecho individual. Sólo si se establece un delicado equilibrio entre uno y otro derecho es posible hablar de una democracia perfecta y de una verdadera justicia, pues, en realidad, se ha establecido el equilibrio del Poder. Porque, como lo indicaba el célebre diálogo entre los embajadores de Atenas y de Milos, «la justicia no existe más que entre iguales en poder».[1] De allí también la importancia de que el poder del gobierno, del Congreso y de la Corte, no sólo estén debidamente separados, sino también limitados por un sistema de frenos y contrapesos y por la idea aristotélica de mantener un equilibrio saludable entre la libertad, la moral y la autoridad.

Entonces, el derecho que conduce a la justicia es aquel que hace un equilibrio perfecto entre los derechos y los deberes de todos, algo bastante diferente de lo que se está imponiendo en las sociedades contemporáneas sumidas ya en la idea anglosajona de la democracia ilimitada cuya involución se hace evidente con la simple observación del retroceso democrático —en el sentido de libertad— que se experimenta en buena parte de Occidente. Por ejemplo, en la mayor parte de los países occidentales las cortes constitucionales han decidido suspender en las escuelas públicas toda mención de Dios para no ofender a los ateos, así sean una minoría, aunque, muchas veces, se trate de un solo individuo en medio de una comunidad; contrario sensu, despojar las aulas de cruces católicas, para no ofender a los musulmanes. Esta terrible concepción del derecho no solamente se convierte en una especie de discriminación en reversa de las minorías activas contra las mayorías pasivas, sino que consagra la extralimitación de los derechos individuales sobre los colectivos y desmembra el sentido de «pertenencia» de una comunidad, debilita la fibra social y abre paso al decaimiento moral.

Si de lo que trata el «poder del derecho» es de la consecución de la justicia, ésta requiere como elemento básico el tratamiento igualitario de los iguales, en iguales circunstancias. Ello sólo puede significar que el individuo tiene equivalentes derechos a la comunidad, y que en circunstancias insuperables de necesidad pública, el derecho de la comunidad puede imponerse siempre y cuando el individuo sea recompensado de otra manera, intentando con ésto equilibrar el derecho y restablecer el equilibrio del Poder. En el mencionado caso de las minorías ateas contra las mayorías creyentes, mucho más fácil resulta facultarlas a que los no creyentes abandonen el aula de clases cada vez que se invoque el nombre de Dios, que abolir su invocación por completo y vulnerar los derechos de una comunidad que desea que se le mencione. Tales atribuciones de poder ilimitado contrarían no sólo el sentido de la justicia, sino el de la libertad misma, la que, según se nos dice, el Estado quiere tutelar. Esta es la involución democrática que se está dando en las sociedades contemporáneas donde el Estado, a fuer de querer lograr imposibles neutralidades, no hace más que imponer su propia visión regulatoria que termina siendo la creencia en la no-creencia o, dicho de otra manera, la prevalencia de los que no creen sobre los que creen y, más generalmente, de los que imponen sus puntos de vista minoritarios al sentimiento común de la sociedad.


[1]  Tucídides, Historia de la Guerra del Peloponeso (History of the Peloponnesian War), Lib. V, cap. 89.

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