Ex Senador y Congresista de la República de Colombia

                                

Para llegar a conocer cabalmente el traspaso de las fronteras a que nos ha llevado el Nuevo Derecho que hoy se abre paso en todos los países occidentales, es preciso trazar sus límites o, por lo menos, explorar las fronteras más allá de las cuales cualquier pretendido derecho no es más que tiranía disfrazada. Este Nuevo Derecho pretende hacernos más libres, más autónomos, pero, tanto por sus orígenes extra-territoriales, como por sus contenidos, nos damos cuenta de que está destruyendo las libertades que están más acordes con el particular sentir de una sociedad cuya más auténtica expresión cultural se plasma en las leyes que de sí misma emanan.

La libertad es un concepto que está íntimamente ligado con el de la soberanía. Un pueblo soberano es libre, o se presume libre de escoger un destino común, cuando puede determinar sus objetivos, o cuando opta por actuar de una forma u otra sin interferencia de otro Estado. En nuestro tiempo, ha cobrado vigencia la llamada libre «autodeterminación de los pueblos», que en cierta forma proviene de una más antigua concepción de una libertad «natural» de la que el hombre se hace, presuntamente, acreedor cuando nace.  Es posible que esto también provenga del ideal primitivista de un estado natural, excesivamente ensalzado, en el cual se encontraban los seres humanos antes del establecimiento de las relaciones sociales y económicas conformadas por el advenimiento de la civilización urbana.                   Similarmente, un hombre es libre cuando éste no se vea constreñido a obedecer ni a servir a otro. No obstante, tal libertad no lo hace independiente de los demás, puesto que todos los seres humanos son mutuamente dependientes. Esta cualidad es acentuada por el régimen económico provisto por el capitalismo o la economía de mercados. Podríamos afirmar que la libertad política emana exclusivamente de la competencia originada en el orden económico, por cuanto, desaparecida ésta última, todas las libertades políticas y los derechos se convierten en letra muerta. La libre expresión, o la prensa libre, ya no lo serán más cuando el gobierno sufraga la mayor parte de la publicidad, o cuando el poder público controla las imprentas, o el papel, o cuando el poder de los jueces subsume todos los poderes conocidos. Reemplazada la economía de libre mercado, ya no queda más remedio que obedecer, so pena de la pérdida del empleo y la muerte por inanición. Reemplazado el Parlamento como órgano de discusión y aprobación de leyes, ya no queda más remedio que acatar las sentencias de los jueces como si de nuevas leyes se tratara. Y esto es, justamente, lo que en la actualidad hacen las Cortes Constitucionales en buena parte del mundo cuando, a veces lenta, y otras veces apresuradamente, van remplazando el Congreso como fuente de las leyes que nos gobiernan. Es decir, vamos lentamente derivando hacia el llamado «Gobierno de los Jueces».

Entonces, si la libertad política emana del orden económico, aquella se ve efectivamente restringida por los intereses de la cooperación, la división del trabajo y el sano egoísmo que induce a la gente a servir a los demás para servirse a sí misma. El tendero no habrá de maltratar a su clientela, el patrono no habrá de proceder de modo tiránico y extravagante contra su empleado, los consumidores no serán amos absolutos de los productores, ni éstos habrán de producir bienes que lesionen a sus compradores. Dicho orden se realiza sin la intervención policial y sin la compulsión emanada de jueces o verdugos. Es en este ambiente que el ciudadano halla de la mayor conveniencia limitar el poder estatal para preservar sus libertades fundamentales, recurriendo a constituciones y leyes que garanticen el ejercicio de sus derechos. Pero el ciudadano habrá de conceder que el Estado también disponga de un sistema de compulsión y coerción suficientes para preservarlo de los ataques, fraude y violencia de terceros, que pudieran coartar su libertad. Habrá también de conceder que el Estado esté adecuadamente dividido en los poderes públicos correspondientes y que el poder judicial no habrá de restarle espacios ni suplantarle competencias al poder legislativo. Tal mecanismo social de autoridad, si resulta efectivo, consigue neutralizar a quienes por maldad, lucro personal o inferioridad mental, desean perjudicar a los miembros de la comunidad. Forzoso resulta, pues, encomendarle al Estado la organización de las fuerzas represivas que habrán de actuar a favor de la comunidad contra las amenazas internas y externas, así como el diseño de un mecanismo que salvaguarde de la catástrofe a los miembros más débiles de la sociedad. Mientras el gobierno se limite a ejercer dichas responsabilidades, podremos apropiadamente hablar de libertad plena.

Admitido lo anterior, cabría pensarse que la acción coercitiva del Estado debe circunscribirse a prevenir o castigar el daño causado a terceros. Podría pensarse que quien ingiere sustancias alucinógenas sólo a sí mismo perjudica,  y que tal perjuicio se diferencia del que comete un robo, pues sólo perjudica a su víctima. ¿Pero qué sucede con quienes tienen que robar para consumir sustancias alucinógenas? ¿Debe el Estado prevenir el delito mediante la severa prohibición de tales agentes sicotrópicos? ¿Limita la libertad del hombre la prevención de la actividad antisocial? Por el contrario, ¿debe el Estado estar solamente atento a que se cometa el delito para castigar al delincuente? Limitadas así las facultades coercitivas del Estado, ¿se coarta también la libertad de los demás a vivir en una sociedad sin delincuencia?

Es evidente que estas preguntas constituyen el núcleo esencial de las consideraciones libertarias y las reflexiones filosóficas, porque no puede el individuo simultáneamente disfrutar del orden social y dar rienda suelta a su libertad individual aún en ausencia de daños sobrevinientes a terceros. Tal conducta podría suponer la desintegración de la cooperación social y destruir la propia civilización. Para que la sociedad y la civilización puedan pervivir, es preciso adoptar medidas que impidan destruir lo que el hombre ha construido en su tránsito por la historia sin que por ello se destruya el valioso concepto de que la Libertad y el propio devenir de los hombres tiene límites y que, si careciera de ellos, sería preciso fijarlos.

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