Desde que se ha enquistado, en el sistema político actual, el polisémico régimen mal llamado “democrático”, que parte del principio axiomático “un hombre un voto”, paradoja básica en la que descansa todo el entramado sistémico, premisa falsa y antinatural por su propia esencia, España ha entrado en barrena, al considerar, dotar y reconocer nivelada la rotunda igualdad de seres humanos, que son absolutamente diferentes física, psíquica e intelectualmente, equiparando y midiendo, con el mismo rasero, en términos de significado político democrático, al violador o al rufián, al corrupto o al asesino, al degenerado o al cobarde, al maltratador o al pederasta, al borracho o al psicópata, al inmaduro o al irresponsable, al analfabeto o al miserable, a la hora de evaluar su voto, en el computo de las papeletas emitidas en los comicios, que son las que decantan las esferas de poder omnímodo, sin separación ni contrapeso, como es el caso español, con el ponderado criterio de las personas formales, educadas, serias, honradas, instruidas, correctas y responsables.
La ley de la máxima igualdad paritaria, para todos sin excepción, de “un hombre un voto”, es una falacia y un contrasentido que desfigura los palos del sombrajo en los que se asienta la base de todo el tinglado.
Al hablar anteriormente de la inexistencia de la división de poderes “stricto sensu” -legislativo, ejecutivo y judicial-, en la tóxica democracia española, donde quede claramente definida y meridianamente aplicada la independencia de sus correspondientes esferas, nos encontramos que el poder legislativo, con sus sistemas de mayorías y minorías alcanzadas por el método de pactos, acuerdos, apaños, enjuagues, arreglos, repartos, componendas y mutuas conveniencias, ajenas por completo a la voluntad expresada de los electores clonados previamente por el voto. El legislativo es quien designa y respalda al poder ejecutivo, que nace, de origen, viciado y contaminado por el politiqueo del parlamento, convertido en un mercado de votos, lonja o gran logia, para asegurarse el poder, donde la interferencia entre el poder legislativo mayoritario, en el ejecutivo resultante y viceversa, es un entramado de vasos comunicantes indiferenciados y perversos. Si la relación y simbiosis entre el poder legislativo y el ejecutivo es una aleación homologada e interdependiente, por tener los mismos intereses, mutuos y recíprocos, la falta de autonomía e independencia del poder judicial es aún mayor y más vergonzante. El Ejecutivo nombra digitalmente al Fiscal General del Estado, a cuyo ministerio y oficio dota de una estructura ortopédica y jerárquica, con nombres incluso de milicia castrense, para que ejercite su obediencia servil y también designa e integra en el Gobierno al Ministro de Justicia, que forma parte del Gabinete, con sus correspondientes atribuciones y regalías en el área de su competencia en la materia. Por si ello fuera poco, el control doméstico de los Jueces y Magistrados se lleva a cabo por el denominado Consejo General del Poder Judicial, cuyos miembros, en un porcentaje sobrado, son colocados por decisión de los políticos de turno, al igual que en las altas Magistraturas y Tribunales, como por ejemplo el Tribunal Constitucional, donde sus componentes deben el cargo al favor político. Cuando existen los estómagos agradecidos, la injerencia no puede ser más oprobiosa y repugnante.
Con este panorama desolador, después, para mayor sorna y escarnio, se anestesia a las personas, haciéndoles creer una burda patraña, a sabiendas de su falsedad: “La soberanía reside en el pueblo”, cuya creencia a pies juntillas, es un índice grave de infantilismo e inmadurez.
Con estos andamiajes del operativo democrático y sus flagrantes corruptelas, España se encuentra con los siguientes resultados objetivos y perniciosos, del Rey abajo: La Casa Real española, desde la restauración borbónica de 1975,durante los reinados del actual Rey emérito y el oficial, es un linaje que ha mostrado una conducta que se podría tipificar diplomáticamente como irregular y no ejemplar, con numerosos escándalos de todo tipo, perjurios, familias desestructuradas y divididas, muertes trágicas, amantes y concubinas, presuntos hijos extramatrimoniales, abultada corrupción, golpes de Estado como el 23-F con severas incógnitas, cacerías inoportunas, enriquecimiento sospechoso…, con sus máximos representantes blindados por una patente omnímoda de irresponsabilidad ante la Ley que les confiere la anómala impunidad de la que gozan. A ello habría que añadir los frutos de la funesta democracia española, que de manera, meramente enunciativa y no exhaustiva, podríamos citar, a modo de profunda reflexión los siguientes: el separatismo y la hispanofobia existente en amplias zonas periféricas, principalmente en las regiones de Cataluña, Vascongadas y Galicia; las depredadoras taifas autonómicas y su clientelismo de vagos y maleantes que viven del cuento; los ultrajes a los símbolos nacionales, el himno, la bandera, etc.; el gran consumo de drogas, siendo España la primera en el escalafón del tráfico y consumo de cocaína y cannabis, de los países de la UE; la corrupción generalizada de los políticos repartidos entre todos los partidos del arco parlamentario; el elevado índice de paro, que nos pone entre los países de nuestro entorno, a la cabeza del desempleo; el deficiente nivel de la educación, quedando excluido de la excelencia en esta materia; el absurdo que en un tercio de España se omite el idioma español en el currículo vehicular de la enseñanza; la promiscuidad sexual como libertinaje; la inseguridad ciudadana que se respira; la división y brecha social, fomentada por los partidos políticos; la destrucción de la familia tradicional y la floración legal de sucedáneos matrimoniales anómalos y en algunos supuestos repulsivos; los ataques impunes a la Iglesia Católica, pilar y raíz de nuestra cultura cristiana y occidental; la deficiencia del sistema judicial, contaminado políticamente, lento, garantista para los victimarios y deficiente y olvidadizo para la protección de las víctimas y sus secuelas; la nefasta política de emigración salvaje e incontrolada; la enorme deuda del Estado, superior al PIB; el crimen organizado y abominable del aborto consentido y potenciado, muchas veces, desde las instancias oficiales; la falta de valores altruistas y nobles; el elevado número de presos y su hacinamiento en los centros penitenciarios; la proliferación de mafias y asociaciones de delincuentes que deambulan con permisiva impunidad por el territorio nacional; la situación de la quiebra del Estado de Derecho, al no garantizar siquiera los tribunales el cumplimiento de las Sentencias en determinadas materias; la supeditación por los niveles de injerencia apuntados, de la judicatura al poder político partidista; los sindicatos trincones, carentes de cualquier representación laboral, inmersos permanentemente en la penumbra de asuntos relacionados con asociaciones de malhechores por la gestión y malversación de los fondos, que generosamente reciben, sin merecimiento alguno, del erario público; el Ejército, salvaguarda de la Patria y columna vertebral del honor, empleado como si fueran soldados de fortuna en cualquier foco de tensión, completamente ajenos a los intereses nacionales… la ristra de frutos podridos de la “democracia española” sería interminable.
Se impone, pues, por dignidad, el propósito inminente de la enmienda, para la inversión radical de la anómala situación apuntada y enderezar el curso de nuestra gloriosa Historia. Hoy más que nunca es necesaria la Revolución Nacional, que dé sentido y pundonor a nuestra misión en el universo.