Decir que a fecha 20 de marzo, -día en que concluyo este articulito- cronológica y meteorológicamente todavía estamos en invierno, no deja de ser “una verdad de Perogrullo”.
Lo cual no tiene por qué justificar ni siquiera explicar el hecho inconmovible e irrefutable de que, desde el 21 de diciembre de 2017, fecha en que se produjeron las determinantes elecciones catalanas arbitrariamente convocadas por el Sr. Rajoy, el Gobierno español que él preside se encuentre, no solo en estado de ivernación, sino también literalmente “alelado”. Es decir, falto de la mínima sensibilidad para percibir el inmenso clamor de la mayoría de los españoles de todo pelaje e ideología, que reclaman la inaplazable resolución de los problemas sociales y económicos que afectan a la práctica totalidad de los ciudadanos asalariados, pensionistas y, de forma más gravemente a los más de tres millones de parados.
Las multitudinarias manifestaciones movilizadas en las grandes y pequeñas poblaciones de toda España, deberían servir como enésimo aviso, no sólo al Gobierno actual y su partido, sino a todos los miembros del arco parlamentario que adolecen de idéntica parálisis legislativa que el equipo gubernamental.
Como ya se ha apuntado en los principales medios informativos, el problema de las pensiones no es solo un problema económico; es esencialmente un problema social y humano. Más aún, es una muestra más del incumplimiento sistemático de los mandatos más imperativos del texto constitucional por el actual y los anteriores Gobiernos.
Para llegar a esta conclusión en relación con las pensiones, no es necesario más que leer atentamente el primer párrafo del artículo 50 de la Carta Magna, en el que pomposamente se exige: “Los poderes públicos garantizarán, mediante pensiones
adecuadas y periódicamente actualizas, la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad”.
Con una desvergüenza inadmisible, en el reciente y escandaloso debate parlamentario de cuatro horas de duración, el Presidente del Gobierno sobre el problema de las pensiones, el Presidente del Gobierno alardeó
De sus sucesivas “actualizaciones”, como si el incremento del o’25% cumpliese la condición de adecuada”, y no fuese un insulto generalizado hacia la inmensa mayoría de quienes estadísticamente estamos encuadrados en“ la tercera edad”.
Se queja el señor Rajoy de que la situación económica no permitiría aplicar a las pensiones un incremento equivalente al IPC, Y posiblemente sea verdad dada la inflacionaria estructura del “pesebre político partidista” en el que pacen los más de quinientos mil “enchufados” que forman los diecinueve gobiernos autonómicos y sus respectivos parlamentos, más las asociaciones políticas y sindicales que, lejos de financiarse con las cuotas de sus miembros, esquilman las rentas de trabajo de todos y cada uno de los ciudadanos, pertenezcan o no a tales organizaciones.
¡Cuantifique, señor Rajoy, junto a sus colegas de los demás partidos, cuál es el importe total de tal partida presupuestaria, y compruebe si con el saldo resultante, previa eliminación de la “mamandurria”, se podrían financiar las “pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas”, -por supuesto, igual al IPC- por las que claman y reclaman en justicia, unos nueve o más millones de pensionistas que, también, formamos parte del cuerpo electoral!