La proposición de Ley, para reformar y ampliar la conocida como de “memoria histórica” actualmente en vigor, presentada por el grupo parlamentario socialista, texto publicado en el Boletín Oficial de las Cortes Generales el pasado 22 de diciembre de 2017, es una iniciativa legislativa intrínsecamente perversa, que puede ser considerada como una tremenda iniquidad, por pretender inocular, en el ordenamiento jurídico español, una gran injusticia y una maldad manifiesta.
Estamos, pues, en presencia de una futura ley sectaria, liberticida, iconoclasta, nefanda, vengativa, generadora de odio y fracturas sociales, oprobiosa e infame, por carecer de honra, crédito y estimación.
El promotor del nuevo texto legal es el Partido Socialista Obrero Español, el mismo que siempre se ha distinguido, a lo largo de su nefasta historia, por haber perpetrado golpes de Estado, como el llevado a cabo en 1934, que trajo consigo la violencia, la muerte y la desolación; el mismo PSOE que manipuló los comicios, en febrero de 1936, para dar la victoria fraudulenta al Frente Popular; el mismísimo que ordenó el asesinato de Calvo Sotelo, el jefe de la oposición parlamentaria, que fue el desencadenante de la Cruzada de Liberación Nacional; los mismos que llevaron a España hacia la deriva de una guerra fratricida; la promueven quienes antaño culminaron el genocidio de Paracuellos del Jarama; los propios que se han agrupado en el semillero de corrupción que es el PSOE, refugio y guarida, de los mayores cleptómanos, ladrones y depredadores de la Historia contemporánea de España, quienes han robado, con sedienta avaricia, en todo tiempo y lugar, a manos llenas, entre los que se encuentran, por citar sólo a algunos elementos indeseables y corruptos, los Prieto, los Largo Caballero –“el Lenín español”-, los Negrín, los Roldán… y ser los protagonistas recientes de casos tan vergonzantes, como por ejemplo, el elocuente de los “ERE” o el de los cursos de formación de Andalucía, perpetrado por una agrupación de malhechores socialistas; los mismos que, cuando se han encaramado en el Poder en España, han llevado a cabo macabras prácticas de terrorismo de Estado, ordenados por el “señor X”, que dio con algunos de sus ministros encausados y condenados por tan graves delitos y, por supuesto, los mismos que cada vez que alcanzan el gobierno de la Nacion dejan las arcas del erario público vacías y las listas del paro obrero repletas, a las pruebas de la experiencia del socialista de Rodríguez Zapatero me remito, por ser paradigmático en estas lides. Estos elementos “ejemplares”, chequistas natos, son los que ahora pretenden colar de matute un precepto legal acorde con su calaña.
Es diabólico que pretendan ahora elaborar y establecer, siguiendo los trámites y el procedimiento formal para la creación de leyes, normas jurídicas que conculcan y violan, en su objeto y contenido, la Verdad y la Justicia, para convertirlas en auténticos instrumentos del terror, sin el menor sentido de legalidad ni de legitimidad, en una cicatera maniobra de opresión y represión, para tratar, en acertada frase del historiador Fernando Paz, de“ controlar el pasado, para dominar el futuro”.
La nueva ley, revanchista, ideologizada y arbitraria, genuina purga stalinista, que se proponen imponer, si quedase definitivamente aprobada, suprimirá la libertad de expresión en materia histórica; el texto atisba el secuestro y destrucción de libros y documentos, públicos y privados, como método de manipulación; propicia el adoctrinamiento y el lavado de cerebro escolar; amenaza a los docentes díscolos con la pérdida de su función; alienta a la inhabilitación y encarcelamiento de los cargos públicos que demoren o palien su severa aplicación; pretende la eliminación de cruces, placas, símbolos y vestigios a héroes y mártires de España; propone la expropiación forzosa del Valle de los Caídos; impone multas draconianas para las infracciones menores; condena con penas de prisión a los disidentes; propugna la ilegalización de fundaciones, agrupaciones y partidos políticos por la discrepancia con sus planteamientos; impone, de forma aberrante, la verdad “oficial” por decreto, creando para ello una mal denominada “comisión de la verdad”, contaminada, viciada, integrada por elementos facciosos; declara la nulidad de resoluciones judiciales falladas conforme a Derecho, durante el periodo 1936-1975; revoca honores y distinciones a personalidades sobresalientes y beneméritas; expolia y destruye, al más puro estilo de los talibanes, el patrimonio histórico español; abre una brecha de enfrentamiento y odio africano entre españoles, dividiendo a la sociedad, de una forma maniquea, entre “buenos y malos” por su pensamiento y profundos sentimientos, poniendo con ello en seria amenaza la convivencia social; pretende profanar los cementerios y templos eliminando, de forma caprichosa y arbitraria, epitafios y testimonios que no sean de su agrado o ideología dominante; estimula el rencor, la cizaña y la pugna fratricida, todo ello mediante la vileza extrema contenida en un precepto que ordena, tipifica o prohíbe, no en consonancia con criterios de estricta Justicia, sino para el beneplácito y regocijo sectario, cruel y arbitrario, de los gobernantes que la refrenden.
No hay duda que la proposición de esta vejatoria ley retrata y define a sus autores. Es una flagrante violación de los Derechos fundamentales, ya que atenta contra la libertad de opinión, de información, de expresión, de conciencia, de investigación y cátedra y de igualdad de todos los españoles.
No hay que resignarse ante la injusticia de disposiciones crueles, arropadas en la mala fe de la ignorancia y el engaño, que incitan a la división entre españoles y al odio, al tiempo que atentan contra la dignidad de la persona y contra los valores y derechos irrenunciables, por el mero hecho de honrar y recordar, con respeto y reconocimiento, a quienes ofrendaron su vida por Dios y por España, o a los que fueron cobardemente asesinados por los compañeros de partido de quienes hoy, con desprecio a las víctimas del socialismo, del comunismo o de la anarquía, proponen y fomentan leyes mordaza, que tratan de ofender y denigrar, impunemente, a los gloriosos vencedores de la Cruzada de Liberación Nacional, en el campo del honor.
Ante semejante y brutal desafío, hay que reaccionar virilmente, con firmeza y decisión, como nuestra conciencia nos lo demanda, tratando de impedir que se consume la indignidad de esta proposición de ley miserable y carente de la más elemental objetividad. Siempre será preferible morir peleando por la libertad, la verdad y la Justicia en España, que vivir sometido y humillado entre rejas, cumpliendo penas de cárcel por imposición de una futura Ley semejante, o bien eliminados de un tiro por la espalda o en la nuca, métodos a los que están tan habituados los nuevos liberticidas, antiguos milicianos, que ahora quieren retornar al régimen del terror que los españoles habíamos felizmente superado.
A la Justicia, cuando se la trata de manipular, también se la defiende con la espada.